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Corporate compliance en el sector asegurador

La incorporación a nuestro Sistema legal de la responsabilidad penal de las personas jurídicas a través de la LO 5/2010, de 22 de junio, con motivo de reforma del Código Penal anterior, ya supuso una modificación totalmente novedosa y trascendental, pues hasta ese momento regía el principio de que las personas jurídicas no podían delinquir. Aunque, la configuración de un verdadero estatuto jurídico de responsabilidad penal, no existe hasta la reforma del Código Penal operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo, la que impacta con gran fuerza en todo el ámbito empresarial, y en especial, en el sector asegurador.

Esta última reforma prevé en el artículo 31 bis del Código Penal un estatuto jurídico para la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y aunque su finalidad es la creación de una cultura empresarial en materia preventiva, su implementación y cumplimiento por las empresas puede dar lugar a eximentes y atenuantes a dicha responsabilidad, cuestión que en el ámbito asegurador tiene una especial relevancia.

  1. El sector asegurador: la necesidad de implementar un Modelo de Prevención de Delitos.

El sector asegurador español destaca por su <<sobre-regulación>> legal que abarca desde las propias relaciones ad intra entre las empresas de seguros hasta el más minucioso detalle en lo que a observancia de garantías del asegurado se refiere. En este contexto legal, en el que el acervo normativo es casi ilimitado, no es ocioso indicar la facilidad con la que la empresa puede incurrir en una inobservancia de los mandatos legales con responsabilidad jurídico-penal.

La actividad aseguradora tiene características específicas relacionadas con la prestación de servicios surgidos de la existencia de riesgos económicos que afectan a los individuos, a las empresas y a la sociedad en general. Pues, al igual que los ciudadanos o las empresas compran seguros para evitar las posibles repercusiones desfavorables de la concreción de determinados riesgos, las empresas que operan en el mercado de seguros, analizando y soportando los riesgos que cubren, deben protegerse eficazmente ante los potenciales riesgos derivados de su actividad empresarial.

Precisamente, en la actualidad, a través de la implementación de los Modelos de Prevención de Delitos, conocidos también como Modelos de Cumplimiento Normativo o Criminal Compliance, las empresas que operan en este sector pueden, no solo prevenir la concreción o materialización del riesgo de cometer ilícitos penales, sino también amortiguar las severas sanciones que el derecho penal reserva para aquellas entidades que en el marco de su organización cometen estas conductas delictivas. Los Modelos de Prevención de Delitos, por tanto, se alzan como el más significativo mecanismo para preservar la pervivencia de las empresas ante conductas susceptibles de reproche penal.

Asimismo, el sector asegurador está comprendido por distintas entidades, que ejercen sus actividades de forma independiente o vinculada, y que están sometidas a su propia legislación. Ello, deberá de tenerse en consideración a la hora de implementar un Modelo de Prevención de Delitos, pues sus propias normas reguladoras fijan unas obligaciones específicas.

 

2. Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras

La necesidad de implementar un Modelo de Prevención de Delitos (MPD) tiene tanta importancia, que incluso el legislador ha aprobado recientemente una ley específica de ordenación, supervisión y solvencia de dichas entidades (LO 20/2015), para aquellas empresas que operan en el mercado de seguros, concretamente aseguradoras y reaseguradoras. Tanto es así, que desde enero de 2016 con la llegada de la Directiva Solvencia II, las entidades referidas deben adecuarse obligatoriamente a los nuevos requisitos que la normativa penal exige.

Estas novedades normativas suponen un cambio en el paradigma en la gestión de las compañías, pues apelan a la necesidad de implementar un sistema de gobierno corporativo, que garantice un mayor control interno, así como una gestión de los riesgos y cumplimiento normativo.

Uno de los puntos la Directiva Solvencia II, se encuentra en el art.38, que obliga a desarrollar el control interno e incorporar la función del cumplimiento normativo. La actividad preventiva (y de control) debe de integrarse en todos los estamentos de la empresa, con la necesidad de acreditar de forma periódica la existencia y la eficacia de dicho control, a fin de asegurar el cumplimiento normativo.

De todo ello se dilucida la necesidad de implementar un Modelo de Prevención de Delitos en aras, ya no sólo de crear una cultura empresarial social en esta materia y lograr el reconocimiento de los valores empresariales frente a la sociedad, sino de adecuar su actividad a la legalidad y evitar, como es lógico, la imposición de sanciones, que siempre es más costoso.

En este punto cabe preguntarse qué tipo de consecuencia podría acarrear la declaración de responsabilidad para una empresa. De forma sucinta, algunas de las penas contempladas en el Código Penal son: multas por cuota o proporcional, disolución de la persona jurídica, suspensión de sus actividades por un plazo de hasta cinco años, inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, etc. Junto a estas, las empresas estarían también expuestas al desprestigio empresarial, a las dificultades para concluir operaciones financieras e incluso, a la reducción en sus beneficios, entre otras.

3. Mediadores de seguros: corredurías de seguros y agentes

La evitación de la comisión futura de ilícitos penales tiene una especial trascendencia en el ámbito de los mediadores de seguros. En el presente artículo nos centramos tanto en el corredor como en el agente de seguros, pues la imputación de riesgo de ambas figuras varía.

La Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados (Ley de Mediación, en adelante) estipula expresamente la independencia del Corredor de Seguros, a diferencia del ámbito del agente de seguros vinculado con una relación de dependencia y control en determinados aspectos de la Compañía de Seguros. Ello comporta consecuencias dispares importantes, mientras que el Corredor de Seguros responde penalmente por los delitos cometidos en su seno, siempre que obviamente se den los presupuestos contemplados en la norma penal. En cambio, la responsabilidad penal derivada de un delito cometido por un agente de seguros vinculado puede extenderse a la Compañía de Seguros para la que presta sus servicios.

Además, la Ley de Mediación estipula una peculiaridad al prohibir ex ante, ejercer la actividad a aquellos agentes de seguros que tengan antecedentes penales por delitos de falsedad, violación de secretos, descubrimiento y revelación de secretos, contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social y cualesquiera otros delitos contra la propiedad. Todos ellos, previstos en el artículo 31 bis del Código Penal como delitos que pueden generar la responsabilidad penal en las personas jurídicas.

 

4. Conclusiones

En los tiempos que corren se hace palpable la necesidad tanto jurídica como social de implementar un Modelo de Prevención de Delitos en las empresas, que evite o en su caso, amortigüe la materialización de los hipotéticos riesgos penales a los que están expuestas las empresas que operan en el mercado de seguros y que promueva una cultura corporativa que aliente las conductas éticas y de responsabilidad con el cumplimiento de la Ley.

Aunque la finalidad principal, responde a la necesidad de que las entidades tengan una gestión sana y prudente, acogiendo ciertos valores empresariales que deberán transmitirse desde las esferas más altas a aquellas de un nivel inferior, la implementación y cumplimiento de un Modelo de Prevención tiene, también, como objetivo el poder atenuar o eximir la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pues aunque haya una actividad delictiva en el seno de la empresa, si aquella se hubiese producido a pesar de la existencia de una organización adecuada, con una gestión sana y eficaz, y un control debido en el marco del cumplimiento de un Modelo de Prevención de Delitos, quedará exenta, como establece el Código Penal, la responsabilidad de las personas jurídicas.